El intendente de Ezeiza, Alejandro Granados, fue denunciado ante la justicia por supuestas maniobras con tierras fiscales en el marco del programa de viviendas que construye la Fundación de las Madres en su municipio.
El intendente de Ezeiza, Alejandro Granados, aparece mencionado en una denuncia penal sobre irregularidades con el plan de viviendas populares “Sueños Compartidos” de las Madres de Plaza de Mayo.
El fiscal federal Federico Delgado dictaminó el viernes que una denuncia que había quedado radicada en el juzgado federal 12 a cargo de Sergio Torres, debía sumarse al expediente que maneja Norberto Oyarbide en el que se investiga los fondos de la Fundación Madres de Plaza de Mayo. Aunque Oyarbide puede plantear que es un asunto diferente y trabarse una cuestión de competencia que tendrá que resolver la Cámara Federal, revela una nota de Clarín.
La denuncia que recibió Torres fue realizada por Martín Maximiliano Amurin “quien refirió haber tomado conocimiento, a través de los dichos de Marta Ebeling y Raimundo Heredia, que estas personas habrían terminado de pagar un plan de viviendas y que luego la municipalidad de Ezeiza vendió los lotes donde hoy se encuentran asentadas las viviendas de la ‘Fundación Madres de Plaza de Mayo”. Además, según consta en la denuncia,”existían irregularidades en la entrega de las denominadas viviendas sociales, por cuanto serían entregadas a gente vinculada al Intendente ”.
En un comunicado, Granados afirmó que “no existe ningún tipo de irregularidades” en ese municipio con la ejecución del plan “Sueños Compartidos”, y destacó que “el 70 por ciento de las casas ya se encuentran terminadas y en octubre próximo se terminara el resto, en tiempo y forma de acuerdo a lo establecido”.
El plan de viviendas realizado en Ezeiza por parte de la Fundación está bajo investigación judicial en otro juzgado. El que está a cargo de Marcelo Martínez De Giorgi donde se apunta al modo en el que el ministerio de Planificación Federal repartió el dinero para la construcción de las viviendas y controló que se hubieran cumplido los contratos. En ese expediente se trata de determinar la responsabilidad de los funcionarios nacionales, provinciales y municipales.
25 de julio 2011
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